Por: Dr. Jorge Apolitano Rodríguez (Presidente de la Asociación Regional de Doctores La Libertad)
Organismos internacionales, académicos, sociedad civil y universitarios, salieron a las calles a defender la autonomía de la SUNEDU como es la calidad educativa y el derecho de la educación de los estudiantes, luego que un grupo de Congresistas de la República aprobaran en primera votación modificar la ley de la conformación del Consejo Directivo.
Como es de conocimiento, el pasado martes 01 de febrero, el pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que restablece la “autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”.
No obstante, pese a este nombre, lo que hace esta iniciativa “legislativa” es atentar contra la reforma universitaria y debilitar la Sunedu. El dictamen fue aprobado con 69 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones.
En tal sentido, la “iniciativa” lobista de los Congresistas modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, el que estaría integrado por dos representantes de las universidades estatales, una de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.
Lo increíble de esta modificatoria congresal pretenden que las universidades participen en el Consejo Directivo, es decir que ellos mismos la integren y la fiscalicen, algo inconcebible e irracionable desde el punto ético y jurídico.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) fue creada mediante ley 30220 en el 2014 y empezó a funcionar en 2015. Es un organismo peruano adscrito al Ministerio de Educación con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. La SUNEDU asume la función de administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos.
Lo más importante es que la Sunedu asegura una oferta educativa de calidad en favor de los estudiantes, a través del licenciamiento y supervisión de este servicio público, con eficiencia, transparencia y respeto a la autonomía universitaria. La Ley Universitaria N° 30220 exige para la obtención del bachiller haber aprobado el plan de estudios, la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. Es decir, exigencia para el bien del estudiante.
No sumamos a las críticas por parte del jefe de la SUNEDU, Oswaldo Zegarra, al que llamo, es la captura del regulador, por ser autónomos, pero con esto están desdiciendo la función y la representatividad de los miembros del Consejo directivo, que son independientes, lo cual conlleva a deformar las funciones de la SUNEDU. Por esta razón presentara una acción de amparo.
Estoy seguro de que este proyecto de ley cuestionado por los universitarios, la sociedad civil, la academia como la (Asociación Regional de Doctores La Libertad) no será aprobado en segunda votación. Esperamos reflexión de los señores congresistas y defiendan la calidad educativa.
