La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad requirió a las municipalidades de la provincia de Trujillo intensificar las labores de fiscalización en los mercados de la jurisdicción y en sus inmediaciones, debido a que, tras una supervisión realizada a los principales centros de abastos de la provincia, se detectó el incremento de aglomeraciones ante la proximidad de las fiestas de fin de año y la presencia de vendedores ambulantes que no permiten un adecuado control de las medidas sanitarias.
La información fue recogida por la institución del 9 al 13 de noviembre del presente año, tras visitar un total de 32 mercados, donde se verificó el incumplimiento de las medidas de bioseguridad en dichos espacios lo que podría convertirlos en focos de contagio del COVID-19 durante una segunda ola de la pandemia.
Esta situación se presenta en los exteriores del mercado Indoamericano de la urbanización Santo Dominguito, en donde existen al menos 400 ambulantes, mientras que en los mercados La Hermelinda y El Corralón hay cerca de 600 comerciantes ambulantes en los exteriores de cada uno de los establecimientos. En tanto, en el distrito de El Porvenir, el mercado Víctor Larco Herrera concentra al menos a unos 1000 ambulantes en su parte externa.
Durante la supervisión también se evidenció que los vendedores ambulantes y algunos compradores no usan adecuadamente las mascarillas, situación que aumenta significativamente el riesgo de contagio del COVID-19.Del mismo modo, los comerciantes informales tampoco utilizan elementos de desinfección, como alcohol o lejía, para la compra y venta de sus productos, y no guardan las distancias mínimas de seguridad.
En tanto, en el interior de los mercados se destaca que, si bien la mayoría de puestos de venta tiene implementados puntos de desinfección con alcohol en gel o líquido en zonas estratégicas y se guardan las distancias de seguridad, es necesario que todos los comercios utilicen dichas medidas para así evitar las aglomeraciones y respetar la distancia física a fin de evitar el COVID-19.
Frente a esta preocupante situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad recordó que, en mayo de 2020, se aprobaron los lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, a fin de reducir la aglomeración de personas y mitigar la propagación del coronavirus, siendo responsabilidad de los gobiernos locales cautelar su adecuada implementación, así como aprobar los Planes de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de los centros de abastos de su jurisdicción.
