El Poder Ejecutivo no observo la norma y la promulgó la ley 31778 que reestablece la autonomía constitucional del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, con relación al procedimiento de designación de sus procuradores públicos.
La norma, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, modifica el Decreto Legislativo 1326, mediante el cual se crea la Procuraduría General del Estado.
La modificatoria prescribe que los procuradores del Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años, mediante concurso público.
Asimismo, mantienen autonomía administrativa y funcional para dirigir sus respectivos procesos de selección y no están sujetos a los lineamientos y disposiciones de la Procuraduría General del Estado.
Dichos procuradores, de manera excepcional, son designados mediante resolución del procurador general del Estado, previa comunicación del titular de la entidad.
CONTRA LA LEY 31778
Por su parte, el procurador general del estado Daniel Soria, quien pidió al Gobierno que observe la ley aprobada por el Congreso que permite que los organismos autónomos, incluyendo el propio Parlamento, puedan elegir a sus procuradores públicos, ya que consideró dicha propuesta como un quiebre del sistema de defensa jurídica del Estado.
Sin embargo, la presidenta de la Republica Dina Boluarte Zegarra y la presidenta del Consejo de ministro encargada del despacho, Nancy Tolentino Gamarra, no observaron la ley y más bien la firmo la norma.
“La ley quiebra para mal el sistema de defensa jurídica del Estado al entrar en vigor, el procurador del Congreso, del Poder Judicial y los procuradores de organismos constitucionalmente autónomos ya no podrán ser elegidos por concurso público”, señaló en RPP Daniel Soria.
Hay que indicar que el pleno del Congreso aprobó el 10 de mayo en segunda votación la ley que le permite designar a su procurador público, a pesar de haber recibido la opinión en contra de parte de la Procuraduría General del Estado (PEG).
Ahora se materializa esta norma quedando un mal precedente del Congreso de la República que no quiere que lo fiscalicen por la Procuraduría.
