Por: Dr. Jorge Apolitano Rodríguez
Según el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 44% de los presos en América Latina están en prisión preventiva y cerca de un 80% consideran que en su interior existe algún nivel de corrupción. Esta persistente desconfianza en la justicia es el resultado de una mezcla de factores: sistemas saturados, insuficiente personal entrenado, sobrecarga procesal, y la obsolescencia de muchas de las normas y prácticas.
A este sistema no escapa Perú, donde la justicia estuvo comprada y sumisa por una banda de delincuentes denominados “Cuellos blancos del Callao” a quienes investigan y se resisten a colaborar con la justicia, porque sus tentáculos y defensores aún continúan en el Congreso de la República, Ministerio Público y Poder Judicial.
El CNM fue una fachada de “nombrar” y “ratificar” a jueces y fiscales al mejor postor, gracias a Dios que esta banda fue desbaratada por Magistrados y Policías probos, que aún hay y debemos confiar para que este país, algún día cambie.
Por esta razón, es urgente de recomponer a esta institución que ahora se llamara Junta Nacional de Justicia (JNJ) y evalué a cientos de jueces y fiscales que siguen de vacaciones gracias a la inoperancia de este organismo público. Vemos por ejemplo en Trujillo, hay Jueces que practican justicia, pero no tienen el perfil y no están preparados. Están allí, por favores y compadrazgos Hay muchos jueces suplentes (supernumerarios) que no reúnen los requisitos. Esto debe eliminar la JNJ.
El BID pone en alerta y advierte que la saturación en los tribunales ha convertido a la Justicia en una institución lenta, desconocida y cara. Más del 44% de presos en América Latina están en prisión preventiva a la espera de juicio. Si la tasa de encarcelamiento continúa su actual ritmo de crecimiento, para el 2030 su costo podría aumentar más de $ 13 mil millones de dólares.
A pesar de la urgencia, en América Latina la entrada de la llamada “justicia digital” está siendo más lenta que la de otros sectores del Estado. Esto se debe a la complejidad del sector, la resistencia al cambio y, especialmente, a la sensibilidad de la información y la interacción de las distintas entidades implicadas–policía, fiscalías, juzgados, centros penitenciarios.
La introducción de soluciones de justicia digital debe ser entendida como una reforma comprehensiva, sistémica e integral que sobrepasa el elemento tecnológico. Se trata de un cambio institucional que involucra múltiples reformas normativas, organizacionales y culturales ante la adopción de nuevas tecnologías.
Si nos preguntamos ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la justicia se vuelva digital?, la respuesta según el BID sería: Marcos legales que permitan la digitalización de la justicia; claridad normativa; autonomía de las instituciones que imparten justicia y liderazgo para asignar roles alrededor del proyecto de digitalización.
La Justicia digital son muchas cosas: va desde la tramitación digital de expedientes hasta la introducción de juicios virtuales o la interoperabilidad de los datos de la policía, los tribunales y los centros penitenciarios para evitar cuellos de botella y puntos ciegos. El impacto de estos nuevos mecanismos de justicia es alto.
Si se aplica este sistema tendríamosmayor eficiencia y eficacia en la tramitación de casos. La justicia mejora la velocidad y la calidad de la información que los jueces necesitan para tomar decisiones, mejorando el acceso a los servicios de justicia en línea y el Aumento de la transparencia.
La digitalización de todos los procesos facilita el acceso transparente a los datos por las partes implicadas en un caso. Esto es una garantía adicional de imparcialidad de la Justicia, a la vez reducen las oportunidades de corrupción en las diferentes instancias procesales.
