La cuestionada decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió la demanda presentada por el líder y fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, quien acusó al Estado peruano de violar su derecho al principio de legalidad y sus garantías judiciales, así como permitir que sea torturado sin investigar “diligentemente tales hechos”.
La exministra de Justicia y exprocuradora Delia Muñoz señalo que el informe de admisibilidad, aprobado por el órgano internacional en marzo del 2022, pretende modificar la jurisprudencia sobre juzgamientos por terrorismo en Perú.
Explico, que Polay Campos ya había presentado una queja ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otra ante la misma CIDH, que fue archivada en 2010. Con la reciente decisión, la Comisión “vuelve a plantear la necesidad de revisar el juicio a cargo de la Sala Penal Nacional”, formada por los vocales superiores Pablo Talavera, David Loli Bonilla y Jimena Cayo, que en 2006 condenó al jefe histórico del MRTA a 32 años de prisión y ordenó pagar una reparación civil de 50 millones de soles.
“La Corte considera que hay material en función en lo alegado en el expediente para poder evaluar la forma en que se dio el juzgamiento a cargo de la Sala Penal y la demora en el procesamiento de dicho caso, cuando todos estos temas ya han sido resueltos por la misma CIDH [en otros casos]. Por eso, llama poderosamente la atención que la Comisión pretenda abrir una discusión, sobre temas que ya han sido zanjados hace varios años”, anoto.
Con esta decisión tomada por la CIDH fue cuestionada que este organismo internacional ha sido tomado por jueces izquierdistas que sacan fallos insólitos y cuestionados repudiados por la ciudadanía. Muchos piden al Gobierno peruano que se aparte de este organismo.
En los países desarrollados no están en este organismo CIDH que velan por los derechos de los delincuentes y no de la ciudadanía. Muchos países como Japón, China, Singapur, India, EE. UU. etc. hay pena de muerte, no lo hacen caso a esta institución.
Sin embargo, en los países de América latina están adscritos y estos son los resultados que tienen que pagar millones de soles a terroristas y delincuentes que según ellos han violado sus “derechos constitucionales”.
