En un comunicado conjunto publicado anoche, los Ministerios de Defensa e Interior anunciaron que la Policía Nacional (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, “efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia” y tomadas por los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Ambas carteras pidieron a los protestantes a que desistan de “estas medidas ilegales” y permitan “el desbloqueo pacífico” para “evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden, que actuaran en defensa de la legalidad, en el marco del artículo 137 de la Constitución”.
El Ministerio de Defensa e Interior señalaron que se trata de “un acto ilegal contra la libertad de tránsito, la cual constituye un derecho fundamental (…) y que garantiza la facultad de toda persona para transitar por el territorio nacional”.
“El Código Penal, en su artículo 200°, tipifica como delito de extorsión a quienes, con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad”, advierte el comunicado.
Como es de conocimiento el bloqueo de carreteras ha ocasionado, además, escasez y alzas en los precios de alimentos de primera necesidad y combustible [en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno]. En algunas regiones, incluso, está poniendo en riesgo el suministro de agua potable, lo cual afecta principalmente a las y los peruanos más pobres de esas regiones.
Esta medida se estarían aplicando desde hoy viernes 27 de enero del presente año.
