Por Mg. Ana Sophia Burgos Ramírez (Doctorando en Gestión Pública y Gobernabilidad)
La Contraloría General de la República (CGR) es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, que supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado.
La importancia de la influencia del rol de la Contraloría General de la Republica en el desarrollo de la gestión de dichas entidades públicas; al realizar acciones de cautela de la legalidad sobre los actos públicos y de su resguardo respecto de los fondos públicos y que los servicios lleguen de forma adecuada y oportuna a los ciudadanos.
Realiza con eficiencia sus funciones, contando con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.
La Contraloría General de la República es una entidad encargada de supervisar que los recursos públicos sean empleados de acuerdo a las leyes que rigen nuestro país. Ello implica evitar la corrupción dentro del Estado peruano, conocido como el “abuso de la función o los recursos públicos para beneficio privado”
Es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, que supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. De esa forma, realizar con eficiencia sus funciones, contando con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.
Es una institución cuya práctica profesional es demasiado formal puesto que realiza pocas auditorias en profundidad y sus actividades se concentran en verificación de documentación contable y de denuncias.
La Contraloría General tiene atribuciones especiales que le otorga el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
Se cuenta con la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, que dispone la necesidad que los Estados Parte considerando medidas destinadas a fortalecer las Entidades Fiscalizadoras Superiores a fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. El Programa Interamericano de Cooperación para combatir la Corrupción desarrolla esta disposición, estableciendo la necesidad de apoyar la gestión de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
Como ente rector el rol que desempeña no solo cuenta con realizar acciones de cautela de la legalidad sobre los actos públicos y de su resguardo respecto de los fondos públicos y que los servicios lleguen de forma adecuada y oportuna a los ciudadanos, para lo cual las entidades públicas deben ser gestionadas con eficiencia y eficacia. Por eso es importante conocer la influencia del rol de la Contraloría General de la Republica en el desarrollo de la gestión de dichas entidades públicas.
La CGR presentó el portal web “Yo hago mi parte” (www.yohagomiparte.gob.pe), consiste en una plataforma tecnológica, educativa y amigable, producto del esfuerzo multisectorial público y privado, con el fin de atributos facilitar el acceso a información para fortalecer la formación y vigilancia ciudadana, y un único canal de denuncias para reportar casos de corrupción.
Los casos asumidos por la Contraloría:
- Verificación de las tablets y complementos (cargadores solares y chips de internet) que se entregaron a los escolares y docentes por parte del Ministerio de Educación para que continúen sus clases virtuales en seis regiones del país. Las visitas realizadas son parte del operativo “Buen Inicio del Año Escolar”, que busca garantizar que los alumnos y docentes desarrollen de manera virtual los procesos de aprendizaje- enseñanza, y así superar las brechas sobre el uso de tecnologías de la información y comunicación. Se recopilará información de las direcciones regionales de educación, direcciones de unidades de gestión educativa local (UGEL) y direcciones de las instituciones educativas públicas que aportarán información sobre el cumplimiento de los lineamientos para la gestión de las tablets y sus complementos.
- En Huancavelica, Contraloría advierte deficiencias en implementación de planta de oxígeno; se encuentran a la intemperie en el patio del hospital. Solicitó a las autoridades adopten las acciones respectivas que permitan asegurar la puesta en funcionamiento de la planta generadora de oxígeno medicinal, ubicada en el hospital regional y que se brinde atención a los pacientes con coronavirus.
- Tumbes, presentó el 85% de irregularidades que fueron ignoradas por entidades públicas intervenidas; La labor de los auditores de la Contraloría durante el megaoperativo permitió detectar un perjuicio económico de aproximadamente S/1.8 millones en el hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría”, o JAMO II-2, como resultados de dos informes de Servicios de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad.
- El primer informe (N° 017-2020-2-6010) permitió detectar un perjuicio de S/977.037 debido a irregularidades en el manejo de los recursos recaudados por el hospital por parte del exjefe de la Oficina de Tesorería entre los años 2018 y 2020, y se detectó presunta responsabilidad en tres personas.
Otro hallazgo de la doble percepción de ingresos y remuneraciones de personal médico en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes, que incluye al director de la entidad, lo que ocasionó un perjuicio de S/439.860 y se determinó presunta responsabilidad penal, administrativa y civil en 24 personas.
- En Yanahuara, la Contraloría detectó un perjuicio de 224 mil soles en la Municipalidad, por el archivamiento de 27 procesos sancionadores por propaganda electoral en zona monumental.
- Anunció conformación del Equipo Especial de Control para la Vacuna contra el COVID-19 integrado por diversos especialistas que se encargarán de garantizar la disponibilidad de las dosis anunciadas por el Gobierno.
La Contraloría puso nuevos mecanismos de vigilancia ciudadana como el portal “Monitor de Control y Transparencia COVID-19” a disposición de la ciudadanía, que sirvió para ofrecer a la población información diaria de la cobertura de los servicios de control desplegados por el SNC, y sus principales hallazgos y resultados.
Shack (2021) señala que en el primer trimestre del 2021 las entidades realicen una evaluación anual de su SCI, que permita obtener información cuantitativa y cualitativa sobre los avances de las entidades en su implementación. Desde la Contraloría, un análisis segmentado de los riesgos determinados por grupos de entidades como: Municipalidades Distritales, Municipalidades Provinciales, Universidades Nacionales, Unidades de Gestión Educativa Local, etc.
Ello, permitiría establecer patrones de riesgos en determinados productos misionales, que servirían para todo el grupo, lo que, a su vez, generaría recomendaciones concretas para mejorar su proceso de identificación de riesgos y de medidas de control, cumpliendo criterios de oportunidad, cobertura, eficiencia y calidad.
Prieto (2015) sostiene que algunas reformas organizativas del Estado vienen demostrando la débil planificación y estructuración del personal, así como la existencia de diversos regímenes laborales operando en paralelo con reglas diferenciadas, continúan perpetuando las inequidades, el bajo desempeño y la falta de competencias entre los servidores públicos.
También se observa el incremento de denuncias y rechazo público hacia los actos contra la integridad cometidos por los servidores y funcionarios públicos, exigiendo que la política de recursos humanos, y un servicio civil profesionalizado meritocrático y flexible para poner fin todo acto de corrupción, de esta forma contribuirá un cambio cultural hacia la integridad respecto a su desempeño.
Siendo necesario que la Contraloría General de la República contrate personal capacitado con eficiencia y eficacia en sus funciones, para lograr un desarrollo integral en el país.
Conclusiones
La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, que supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado.
La influencia en el rol de la Contraloría General de la Republica para el desarrollo de la gestión en entidades públicas resguardando los fondos públicos de los servicios y así se realicen de forma eficaz y eficiente a los ciudadanos, para lo cual las entidades públicas deben ser gestionadas con eficiencia y eficacia.
El incremento de denuncias y rechazo público hacia los actos contra la integridad cometidos por los servidores y funcionarios públicos, para combatir todo acto de corrupción.
Activación de sistemas tecnológicos inteligentes frente a la pandemia para detectar actos irregulares
Fortalecer y capacitar a los gestores públicos, consejeros, regidores, y funcionarios de los diversos niveles del Estado, para empoderarlos en materia de fiscalización y otros temas referidos al control gubernamental.
