Una aparente negligencia del fiscal adjunto provincial Wilson Salazar Reque podría anular todo lo conseguido en la incautación del martes a 189 bienes de la Universidad Alas Peruanas y del investigado Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca. La autorización judicial para realizar el operativo ya había vencido el pasado 5 de abril del presente año.
Así se comprueba al leer la Resolución N° 07 del juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday. El 23 de marzo del 2023 había dado catorce días hábiles para proceder a la incautación.
ABUSO DE AUTORIDAD DEL FISCAL
“El fiscal Salazar Reque ha actuado claramente fuera de la ley. Esto no es solo irregular, sino ilegal. Aquí ha habido abuso de autoridad y usurpación agravada”, sostuvo el abogado de la UAP Dr. Wilber Medina.
“Prevaricato, fraude procesal y abuso de autoridad, pues interpuso medidas que restringen y vulneran nuestros derechos, sin que existan fundamentos legales para hacerlo. Lo hizo el año 2021 con una inhibición ilegal y hoy lo vuelve a hacer con una incautación igual de abusiva”, comunicó la Universidad Alas Peruanas.
Sin saber de esta controversia, el ministro del Interior, Vicente Romero; el de Justicia, José Tello; y el fiscal Wilson Salazar daban una conferencia de prensa vanagloriándose de su supuesto logro.
“Más de mil millones de dólares se van a incautar en un promedio de 295 bienes. Edificios, vehículos, aeronaves, simuladores, inmuebles, en fin. Después del caso Orellana, este caso en el tema de lavado de activos es el más grande en el Perú”, aseguraba el ministro Vicente Romero.
Según la tesis fiscal, desde que Fidel Ramírez era rector, se han desviado fondos por más de S/ 700 millones. Por ello, se incautaron 171 bienes inmuebles y 111 autos y aeronaves de la UAP, de Ramírez y de trece de sus familiares, así como a nombre de empresas vinculadas con una presunta organización criminal.
En este allanamiento de la UAP se tiene que investigar en forma independiente y no políticamente.
