El decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Abog. Manuel Montoya Cárdenas, anunció que el Tribunal Constitucional del Perú, admitió la demanda de Inconstitucionalidad interpuesta en contra de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1421, en donde, argumenta el Colegio, existe vulneración al principio de irretroactividad de las normas jurídicas, la seguridad jurídica y ha sido emitida excediendo las facultades delegadas por el Congreso de la República. El Tribunal corrió traslado al Poder Ejecutivo, para que, en plazo de 30 días hábiles, se apersone y conteste la resolución; el ponente a cargo fue el magistrado Ernesto Blume Fortini quien actualmente ejerce el cargo de Presidente del Tribunal Constitucional del Perú
La especialista en tributación, miembro de la Orden y autora de la demanda, Dra. Martha Bringas Gómez, explicó que, en la práctica esta disposición origina que deudas que se encontraban prescritas conforme a la legislación vigente en el momento en el que se dieron los hechos, puedan “resucitar” por aplicación de esta nueva disposición, situación que no puede admitirse en un estado de derecho. De hacerlo, se produciría una violación frontal a la seguridad jurídica, principio que constituye la columna vertebral de los derechos de los contribuyentes en sus relaciones con los poderes públicos, y tiene por objeto cautelar y fortalecer la confianza de los administrados en la certeza del Derecho vigente.
Asimismo, Manuel Montoya, expresó que las acciones, proyectos y demandas que se realizan ante los poderes del estado, no buscan desestabilizar o generar polémica, sino resolver conflictos o situaciones que vulneren los derechos establecidos en la Constitución y leyes de nuestro país, como en este caso particular, proponiendo alternativas de reforma y reestructuración, favorables a la ciudadanía y no solo a grupos de interés; además que los proyectos presentados durante su gestión no solo quedaron en papel, sino, como en esta y otras ocasiones, son admitidas, debatidas y puestas a consideración de la autoridad pertinente.
