Pleno del Congreso aprueba eliminación del régimen CAS en sector público

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El pleno del Congreso de la República aprobó esta noche la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, entre ellas la eliminación progresiva del régimen CAS.

La iniciativa, plasmada en el texto sustitutorio de los proyectos 1744 y otros, obtuvo 113 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones. Además, fue exonerada de segunda votación.

El legislador Daniel Oseda, titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sostuvo que la eliminación progresiva del régimen CAS implica reconocer derechos laborales. 

«Es una conquista de los trabajadores; a ellos mi respeto y admiración permanente. Esta batalla ganada en el Parlamento es consecuencia de su perseverancia, su unidad, su esfuerzo y su convicción democrática», indicó.

RECONSIDERACIÓN

Previamente, el pleno del Congreso rechazó reconsiderar la votación por la cual se aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria en la víspera.

La reconsideración había sido planteada por la legisladora Martha Chávez.

LA LIBERTAD

En la región La Libertad, los dirigentes regionales Alan Diaz y Martin Castillo, manifestaron su alegría por la eliminación de la ley de los CAS y considero que es el inicio de la reivindicación de los servidores del estado ante la discriminación de los contratados CAS que no tenían ningún tipo de estabilidad laboral.

En La Libertad, existen más de 25 mil trabajadores CAS que laboran en los diversas entidades del estado como Gobierno regional, gobiernos municipales, UNT, entidades del estado, etc.

SERVIR SE OPONE A LA ELIMINACIÓN DE LOS CAS

La decisión del Congreso de la República de disponer el pase automático de más de 300,000 trabajadores estatales contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) a uno permanente atenta contra la meritocracia y la igualdad de oportunidades que debe primar en el Estado, consideró esta noche la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Mediante un comunicado señala que el ingreso de más de 300,000 personas al Estado afecta la igualdad en el acceso a la administración pública de los servidores mediante la meritocracia. Esto vulnera la Constitución Política del Perú, remarca.

Agrega que se opone a la reforma ordenada del servicio civil que, como política de Estado, pretende darle un sentido de racionalidad y sostenibilidad a la gestión de los recursos humanos, dificulta una planificación ordenada de los recursos humanos en el sector público y rompe la noción de carrera pública.

Esta decisión, además, generará un incremento automático del 25 % del costo de la planilla estatal (el costo pasaría de S/ 9,000 millones a S/ 11,530 millones anuales) sin planificación, en plena pandemia y crisis económica. Esto se convertirá en una bomba de tiempo para la sostenibilidad del país y del próximo Gobierno, asevera. 

De la misma manera, vulnera el mandato del artículo 79 de la Constitución Política que establece que “los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”.