Por: Dr. Jorge Apolitano Rodríguez
Desaparecer de un plumazo organismos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo es romper el orden institucional, el estado de derecho y la débil democracia del país. Se da en gobiernos militares y golpistas. La cual la ciudadanía, la sociedad civil y la academia la rechazamos.
El Tribunal Constitucional (TC) nace gracias a la Constitución de 1979 y reconocida en la Constitución del 1993 Art. 201, la cual fue concebido como un organismo que iba a poner fin a la ineficacia de algunos magistrados del Poder Judicial por sus fallos controvertidos y legisladores del Congreso por algunos vacíos y lagunas en las leyes dadas. No son las instituciones, son las personas que la conforman.
Ahora vamos analizar la Defensoría del Pueblo que fue creada por la Constitución Política del Perú de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el país.
Ambas organizaciones han nacido de la democracia y la concertación política, fundamental para vivir en un estado de derecho, por lo tanto, se debe respetar a ambas instituciones, como es el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
La Constitución Política de 1993 en su Art. 161 reconoce a la Defensoría del Pueblo como un órgano constitucional autónomo. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley No 26520, reafirma dicha autonomía institucional, a partir de reconocer que el Defensor del Pueblo goza de total independencia en el ejercicio de sus funciones y que no está sujeto a mandato imperativo, ni a instrucciones de ninguna autoridad.
Es decir que, la autonomía de la Defensoría del Pueblo es una garantía básica de rango constitucional y se convierte en un aspecto esencial que la Constitución Política establece para que dicha institución cumpla sus funciones asignadas.
Por lo tanto, que esta autonomía supone que la institución no se encuentre sometida a relación de jerarquía alguna o de sujeción respecto de los demás poderes y órganos constitucionales. En este sentido rige un criterio de especialidad, según el cual cada órgano debe desarrollar sus funciones con independencia y sin interferencia.
La Defensoría del Pueblo según la Constitución del Perú constituye uno de los instrumentos más relevantes de la democracia moderna, pues para el cumplimiento de su mandato constitucional tiene la suficiente flexibilidad para atender los requerimientos ciudadanos frente al Estado.
Esta importante institución democrática como es la Defensoría del Pueblo promueve el diálogo y trabaja en la prevención de los conflictos sociales, la desigualdad, la exclusión, las tensiones culturales y la debilidad de la institucionalidad democrática son factores que inciden en los más de 200 conflictos sociales que sacuden nuestro país y las que tienen que resolver como mediador.
Sostener liquidar instituciones democráticas, debemos levantar nuestra voz de protesta. Un reto actual de la Defensoría del Pueblo en el Perú es contribuir a que la violencia no se instale como la forma cotidiana y efectiva para solucionar los problemas y las diferencias entre personas, colectivos e instituciones
A pesar que la Defensoría del Pueblo en el Perú se caracteriza por ser una institución que carece de atribuciones coercitivas o sancionadoras para el cumplimiento de su mandato constitucional. Debido que no puede sancionar o remediar por sí misma un caso de abuso de autoridad o un problema de ejercicio negligente de los deberes de la función pública, sin embargo, juega un papel importante en la sociedad peruana.
La Defensoría del Pueblo realiza recomendaciones, recordatorios y sugerencias, a fin de que las autoridades restituyan los derechos violados, promueve prácticas de buen gobierno que favorezcan la gobernabilidad democrática y la construcción de un Estado de Derecho.
Por estas razones democráticas y como representante de la academia y ciudadano exijo se respete a los organismos constitucionales como es el Tribunal Constitucional (TC) y Defensoría del Pueblo.
