La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, no parece dispuesta a tolerar errores ni dispendios en la gestión de la pandemia de coronavirus que también afronta su país. Prueba de ello es que ha destituido al ministro de Salud, Marcelo Navajas, a raíz de la polémica por el supuesto sobrecoste en la compra de una partida de 170 respiradores a, precisamente, una empresa española, cuando nuestro país ha adolecido de una grave carencia durante casi dos meses.
Áñez además ha decidido apartar de sus cargos a otros posibles responsables que estén siendo investigados por la Policía en el marco del caso con el fin de “evitar cualquier interferencia en el trabajo de la Justicia”. Por el momento y de forma interina, las funciones de Navajas serán asumidas por la viceministra de Salud, Heidi Roca.
Navajas, por su parte, se encuentra en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras ser detenido. Se espera que en las próximas horas brinde su declaración y se clarifique su situación legal, según ha informado el diario local “El Deber”.
La polémica gira en torno a 170 unidades del dispositivo de emergencia “Respira”, que produce la española GPA Innova con software de Siemens y el apoyo del Hospital Clínic de Barcelona. Fueron vendidos a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) de Bolivia por IME Consulting, con sede en Bilbao.
El problema surgió cuando se supo que el contrato suponía un precio por unidad de 27.600 dólares, mientras que el precio de los respiradores es de entre 7.000 y 11.000, según las distintas versiones del aparato. Unos 4,7 millones en total. Una empresa boliviana, Cosin Ltda, lo ofrecía a 12.500, según ha dicho su gerente al diario “Página Siete”, informa Ep.
En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de Áñez ha definido sus tres compromisos fundamentales: la devolución de cada centavo que se hubiera robado, impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometidos actos de corrupción y seguir equipando a los hospitales con transparencia.
Aparte de Navajas son otros cuatro los detenidos en relación con la compra de los respiradores: Geovanni Pacheco, director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, y dos asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que avaló la compra.
