Los jóvenes trujillanos la mayoría universitarios no están ajenos a los problemas políticos del país como fue la vacancia presidencial generado por el Congreso de la República y rechazado por la mayoría de la población en todo el país.
Su protesta fue por las principales calles del centro histórico y en la Plaza de Armas de Trujillo. Frases como: “Congreso no me representas”, “vacancia corrupta”, entre otros lemas.
El derecho de protestar es un derecho y no es un delito, y está amparado en la Constitución Política del Perú. Las personas que salen a las calles a marchar y alzar su voz en contra de actos que consideran que son injustos, ilegales o inconstitucionales como es el caso de la vacancia presidencial.
Este derecho se reviste de una gran importancia en la actualidad, debido a la crisis política por la que está atravesando el país y que requiere de ciudadanos activos a pronunciarse sobre estos acontecimientos siempre respetando los bienes públicos y la propiedad. De igual forma, este derecho la supervisa la Defensoría del Pueblo.
EL DERECHO DE PROTESTAR NO ES UN DELITO
El artículo 2, numeral 12 de la Constitución Política, así como el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente y sin armas.
Este derecho fundamental ha sido definido por el Tribunal Constitucional peruano como “la facultad de congregarse junto a otras personas, en un lugar determinado, temporal y pacíficamente, y sin necesidad de autorización previa, con el propósito compartido de exponer y/o intercambiar libremente ideas u opiniones, defender sus intereses o acordar acciones comunes”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resaltado la importancia que tiene el derecho a protestar, no solo por su vinculación intrínseca como forma de ejercer la libertad de reunión, sino también por su instrumentalidad respecto a otros derechos fundamentales como la libertad de expresión.
En ese sentido, “la participación en manifestaciones, como ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un interés social imperativo y forma parte del buen funcionamiento del sistema democrático inclusivo de todos los sectores de la sociedad”.
