Por: Marcelo Forni (Consejero CEIUC)
Debido a un mayor nivel de deuda pública, débil desempeño de las economías y creciente conflicto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.
América Latina enfrenta un triple shock: sanitario, económico e institucional. El estancamiento económico en los últimos 6 años, la pandemia del COVID-19 y los bajos niveles de confianza en las instituciones públicas amenazan con una nueva década perdida para la región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el periodo 2014-2020 será el de más bajo crecimiento en siete décadas, acrecentado por el cierre de las economías y mayores niveles de desigualdad.
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 podría arrastrar a la pobreza a más de 28 millones de personas, superando los 200 millones en la región, equivalente a un 35% de la población, según datos de la CEPAL. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en tanto, proyecta una caída para América Latina y el Caribe de −8,1% este año, la más alta recesión en la historia económica reciente.
Al difícil cuadro económico se suma la crisis de gobernabilidad, con una cada vez más tirante relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, un deterioro en el proceso de elaboración de las políticas públicas y un desprecio por la evidencia técnica. Perú y Chile son ejemplos de la creciente dificultad de los gobiernos de llevar adelante sus agendas por la tensa relación con el Congreso.
La capacidad del Estado para enfrentar estas crecientes demandas se verá limitada además por mayores niveles de deuda pública. Países como Venezuela, Argentina, Brasil o El Salvador ya exhibían una alta deuda fiscal que superaba el 65% previo a la crisis. La capacidad financiera del Estado se verá más restringida aún luego de los planes de rescate frente al COVID-19. Según la CEPAL, El Salvador, Chile, Perú, Brasil y Paraguay han realizado los mayores esfuerzos fiscales como porcentaje del PIB, en un mix de transferencias, subsidios y créditos con garantía del Estado, mientras otros países se han visto limitados por su baja capacidad de endeudamiento y ahorro.
Las reformas del Estado, en tanto, han avanzado a un ritmo lento y las capacidades instaladas en la administración pública siguen siendo insuficientes frente a los desafíos de la región. Si la incapacidad del Estado se vio “anestesiada” en la década de 2000 por el alto precio de los commodities, el cambio social derivado de esa década de progreso significó un cambio en las demandas políticas, económicas y sociales que los gobiernos de la región no han podido leer adecuadamente.
El principal riesgo político de este índice pone la alarma sobre la verdadera capacidad del Estado para enfrentar cada vez mayores y complejas demandas de la ciudadanía en materias de salud, seguridad social o educación, frente a debilidades estructurales del Estado, la crisis de gobernabilidad y el empeoramiento de las condiciones derivadas de la pandemia.
“América Latina nuevamente es puesta a prueba. Buena parte de sus gobiernos se enfrentan a desafíos políticos recurrentes en su convulsionada historia. Inmersos en un clima de agitación social, agravado por el incierto escenario económico mundial y la pandemia, los gobiernos se enfrentan a presiones por mayor gasto público y soluciones fáciles. El populismo y la desconfianza en las instituciones, en especial, en la capacidad del Estado de atender las demandas ciudadanas, comienzan a debilitar el Estado de Derecho y constituirse en un riesgo para la democracia”.
