Por: Dr. Jorge Apolitano Rodríguez
Una ola de paros y huelgas vienen anunciando para este mes de febrero y marzo del presente año, los trabajadores del sector público, agrupados en sus respectivos Sindicatos, Federaciones y Confederaciones contra los Decretos de Urgencia anti laborales e inconstitucionales, dados recientemente por el Poder Ejecutivo.
SUNARP ANUNCIA PARO EL 10 Y 11 DE FEBRERO
El primer paro contra el Gobierno, serán de los servidores del Sistema Nacional de los Registros Públicos el 10 y 11 de febrero, exigiendo respeto a la negociación colectiva, no a la contratación de registradores CAS, por una nueva escala remunerativa, exclusión de la Ley Servir y derogación de los Decretos de Urgencia 003-2020, 014-2020, 016-2020 y 020-2020. Esta es su plataforma se lucha.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Zona Registral Nº V Sede Trujillo, Daniel Vásquez Malpica, y de la Federación de Trabajadores del Sistema Nacional de los Registros Públicos (Fetrasinarp). “Los trabajadores de la Sunarp estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional a la huelga para defendernos del abuso del poder concentrado, que ha permitido ver el verdadero rostro de este gobierno y sus funcionarios”, argumentó.
CITE ANUNCIA PLANTON EL 20 DE FEBRERO
Por su parte, la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú-La Libertad (CITE), a través de su Secretario General Dr. Carlos Alva Jara, está anunciando un paro contundente para el próximo jueves 20 de febrero del presente año, con la participación de todos los Sindicatos afiliados a esta Confederación como son: Gobierno Regional La Libertad, MPT, UNT, Municipalidades provinciales y distritales, entre otras entidades del estado.
La lucha de la CITE es la derogatoria de los Decretos de Urgencia N° 014-2020, de la negociación colectiva en el sector público y el D.U N° 016-2020 anula la estabilidad laboral. Estas normas inconstitucionales afectan los derechos laborales de los servidores públicos y están contra la Constitución Política del Perú y de la OIT.
La negociación colectiva a través de los pliegos de reclamos era anualmente, ahora lo quieren hacer cada 2 años y los más grave las reglas de juego lo han burocratizado, incluyendo a SERVIR y al MEF emitiendo un informe económico financiero, la negociación colectiva ha sido burocratizado con esta norma.
El cuestionado Decreto de Urgencia N° 016-2020, también es inconstitucional, porque vulnera los derechos laborales de los trabajadores, como es el caso del Art. 3 que convalidan el despido arbitrario en el sector público, sin derecho a la defensa, con el pago de una indemnización equivalente a una compensación económica y media mensual con tope de 12 remuneraciones mensuales. El gobierno vulnera derechos constitucionales de los servidores.
Los servidores no tendrán estabilidad laboral, debido que este DU prohíbe la contratación bajo el régimen laboral 276 o 728, solamente contrataran personal bajo la modalidad CAS que no tienen ninguna estabilidad y proyecto de vida, porque pueden ser despedidos en cualquier momento con esta norma.
El Decreto de Urgencia N° 016-2020, deroga la Ley N° 24041, de los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos. Si aplicamos la jerarquía normativa de Kelsen, este DU es inconstitucional.
El presidente Martín Vizcarra, parece que ha sido sorprendido por su Ministra de Trabajo y asesores, por lo tanto, estos decretos de urgencias dados contra la masa laboral estatal, debe derogarlo, ante esta ola de paros y huelgas anunciados. Un conflicto social muy grave que puede traer consecuencias, que no lo deseamos. Si Vizcarra no las deroga, le corresponde el turno al nuevo Poder Legislativo que ya lo tienen en agenda.
