Fiscal Rafael Vela pide a Juez Supremo César San Martín inhibirse en casos de Lava Jato y aportes ilícitos de campaña de Humala, Cerrón y Castillo

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El fiscal Superior Rafael Vela Barba, ha pedido en varias oportunidades que el Juez Supremo César San Martin Castro, se inhiba en los casos de Lava Jato y de los aportes ilícitos de Ollanta Humala, Nadie Heredia, Vladimir Cerrón y Pedro Castillo.  Ha sido insistente haciendo hincapié este conflicto de interés, haciendo caso omiso a su pedido.

Este no ha sido el único caso, también lo ha hecho el Procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, que ha requerido la inhibición del juez en el caso Gasoducto, que también implica a los Humala-Heredia. Y ha recibido la misma respuesta: San Martín Castro, no quiere dar un paso al costado.

El supremo César San Martín no ha querido inhibirse de analizar la casación pese a los pedidos del fiscal supremo Pablo Sánchez y del procurador de lavado de activos Miguel Sánchez.

La audiencia para evaluar la casación de Ollanta Humala estaba prevista para mañana, pero el juez César San Martín decidió reprogramarla a último momento. Hay que indicar que ese mismo día debe rendir su entrevista personal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como parte del proceso de ratificación que le toca superar cada siete años.

Como es de conocimiento el nombre del magistrado han aparecido en las agendas de la ex primera dama de la nación Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala. Recordamos que por eso mismo este ha decidido apartarse anteriormente en otros casos que impliquen a la expareja presidencial bajo el argumento de no poner en duda su imparcialidad. Sin embargo, hoy no lo ha hecho, poniendo duda su objetividad y cuales son las razones.

Carlos Caro, que es abogado de César San Martín, también representa a la empresa Enagás, implicada en el caso Gasoducto. Esta conducta del magistrado supremo pone en riesgo los principios y valores de un buen Juez al no apartarse cuando hay conflictos de intereses.

Hay que señalar, que, respecto a la casación de Ollanta Humala, la defensora del Estado sostuvo que el pronunciamiento de la Sala Suprema es determinante porque concluirá si el aporte de dinero a una campaña política es lavado de activos o no.

Desde el año 2019 está tipificado el delito de financiamiento prohibido a organizaciones políticas, cuyas condenas pueden llegar hasta los ocho años de cárcel. Pero, para la Fiscalía, el lavado de activos es lo que imperó detrás del dinero que ingresó a las campañas políticas, incluida la del actual presidente Pedro Castillo.

LA TRAYECTORIA DE CÉSAR SAN MARTÍN EN SU CARRERA JUDICIAL

César Eugenio San Martín Castro, nació en Lima el 30 de diciembre del 1955, es un abogado y magistrado peruano. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú de 2011 a 2012.  

Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduándose de abogado el 25 de septiembre de 1978. En 1990 finalizó su maestría en Ciencias Penales por la misma universidad. En el 2004 se graduó de Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín   de Arequipa.

Fue empleado de la Corte Superior de Justicia del Callao desde 1976 a 1979. Luego, los dos años siguientes, entre 1979 y 1981, estuvo trabajando en la Sala Civil de la Corte Superior como relator titular. De 1981 hasta finales de 1982, fue Juez Instructor Provisional del 1° Juzgado de Instrucción del Callao. Los siguientes siete años -1983 a 1989-, fue Juez Instructor Titular del 21° Juzgado de Instrucción de Lima. A inicios de 1989 empezó a trabajar como Vocal Titular de la Sala de anti-terrorismo de la Corte Superior de Lima, hasta ser cesado en 1992, año en que se dio el autogolpe fujimorista.1

Sus detractores argumentan que, a partir de ese entonces, empieza un rencor personal contra el expresidente Alberto Fujimori, dado que le quitó su puesto. Por lo que se sostiene que su juicio ya estaba de antemano empañado. Dado que antes del mismo, se asesoró con expertos en derecho español, para ver cómo encarcelar al expresidente de manera inequívoca y darle la máxima sanción dentro del marco legal.

Luego participó del informe del PNUD -específicamente en el Programa de Gerencia Técnica- como Asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia en el año 1993. En ese mismo año fue designado en diferentes comisiones jurídicas en el ámbito de Derecho Procesal Penal. En 1994 integró el Estudio Benítez, Mercado y Ugaz como abogado asociado. Para el año 2000 pasó a ser socio principal de dicho Estudio. Sin embargo, al reincorporarse a la judicatura renunció al Estudio.

El 9 de marzo de 2004, retornó al Poder Judicial, al ser nombrado Vocal de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo Nacional de la Magistratura. En el 2005 fue elegido miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, designado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

En diciembre del 2010 fue elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia, asumiendo al mismo tiempo la presidencia del Poder Judicial, para el periodo 2011-2012. Actualmente sigue ejerciendo como vocal supremo.

En el 2018, fue protagonista de los CNM Audios en una llamada que protagonizó con el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos pidiendo un favor personal para que se aceleren unos trámites judiciales que concernían a una hermana suya. El 5 de febrero del 2021 fue suspendido por 30 días de su cargo al ser sancionado por la Junta Nacional de Justicia por este acontecimiento.

El 7 de abril del 2009, César San Martín sentenció a Fujimori a 25 años de prisión, aplicando la pena más severa. Esta condena fue confirmada el 30 de diciembre de 2009 por la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, la sentencia fue criticada fuertemente por los medios de comunicación y los grupos políticos a favor de Fujimori, aludiendo que dicha sentencia ya estaba redactada antes de que se dé inicio al proceso. Rolando Sousa,  congresista fujimorista del congreso 2006-2011, sacó a la luz un correo del 17 de abril del 2008  enviado por el abogado Gonzalo del Río Labarthe a Cesar San Martín, indicando que la sentencia había sido escrita desde el exterior y con anterioridad.

César San Martín rechazó toda alusión de fraude y respondió que todo magistrado puede recibir aportes de otros colegas antes de emitir una sentencia, aunque sea un aporte para como condenar por «autoría mediata» no tipificada en el código penal peruano.

Igualmente, San Martín criticó la intercepción que hicieron del correo electrónico, por ser obtenidos de manera ilegal. Sin embargo, a pesar de ello, negó interponer alguna denuncia, manifestando que sus preocupaciones eran otras.  

La carrera judicial de San Martín no ha estado exenta de otras polémicas no menos. Un anterior Consejo Nacional de la Magistratura le eximió de responsabilidad por un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa que no cumplía los requisitos de la Ley Universitaria 23733, por una grabación que revelaba presiones hechas a la jueza Rojjasi que investigaba el caso Chavín de Huántar, por haber fallado dos veces a favor del Banco de Crédito del Perú aun figurando como apoderado de esa entidad y por aparecer dos veces su apellido anotados en una agenda de la primera dama Nadine Heredia dentro de unas gestiones indebidas para liberar penalmente al expresidente Ollanta Humana del caso Madre Mía, referente a violaciones de Derechos Humanos en una base militar en la selva. (Información de Wikipedia)