Por: Dr. Jorge Apolitano Rodríguez
El derecho de participación de los ciudadanos que está garantizado por normas internacionales, la Constitución Política del Perú y del Estatuto del CALL fue vulnerado y violado por el actual Comité Electoral del Colegio de Abogados de La Libertad, al no dejar de participar a cinco agremiados en un proceso electoral democrático.
En las normas internacionales este derecho está protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prescribe el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, a votar y ser elegidos es inviolable.
La Carta magna peruana en el Art. 2 inc. 17 la promueve y la garantiza “A participar, en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección”.
En el Estatuto del Colegio de Abogados de La Libertad, en su Art. 18 prescribe “Los agremiados ordinarios con la condición de activos y vitalicios tienen derecho a elegir y ser elegidos, o designados, en los diferentes cargos, representaciones que involucren la actividad del CALL”.
Hay que recordar que los fines del Colegio de Abogados de La Libertad, en su Art. 5 es promover e impulsar el ejercicio de la abogacía dentro de las más estrictas normas de la ética, del derecho y de la justicia.
Los abogados integrantes del Comité Electoral del Colegio de Abogados, aprovechando su poder de “Autonomía” y quienes deberían ser fieles al cumplimiento de las normas y las leyes lo han vulnerado, al no dejar de participar a cinco candidatos que postulaban al Colegio de Abogados de La Libertad, y que fueron dejados de lado por “firmas de adherentes”.
Los candidatos perjudicados son: Dra. María Cecilia Rojas Guanilo, Yvo Hora Ordinola, Rudy Gonzales Lujan, Sergio Bobadilla Centurión y Cesar Rubio Azabache, que con justa razón, han demandado ante el Poder judicial pidiendo la nulidad del proceso electoral por una serie de vicios e irregularidades.
De igual manera, este proceso electoral lleno de vicios e irregularidades, ha llegado a la Defensoría del Pueblo quien ha solicitado la documentación del proceso y hasta la fecha no ha sido proporcionada. La participación es un derecho constitucional y nadie la puede pisotear.
