En Asamblea General Extraordinaria realizada el sábado 20 de junio, el Dr. Marco Moreno Gálvez, decano del Colegio de Abogados de La Libertad, juntos con los decanos de los Colegios de Abogado del Perú, solicitaron a los poderes públicos la implementación de medidas para mejoras de su gremio, por efecto de la Pandemia, que viene afectando a la sociedad peruana y por ende a los miles de abogados del país.
Por lo que reiteraron al Poder Ejecutivo por medio de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Economía y Finanzas, el otorgamiento de préstamos flexibles a través del Banco de la Nación y/o COFIDE a favor de los miles de abogados del país, así como se disponga el financiamiento (contrapartida) para que el Poder Judicial implemente el Expediente Judicial Electrónico (EJE) en todos los procesos judiciales.
Así mismo que se supervise el cumplimiento de los alcances del Decreto. Legislativo Nº1466 sobre intercambio prestacional de las Clínicas para la atención de salud de las personas contagiadas por COVID-19.
Exhortaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del INPE, garantice el acceso, condiciones adecuadas y privacidad de las conversaciones entre los abogados y sus patrocinados en los Establecimientos Penitenciarios, para lo cual también se debe optar por el uso de Las tecnologías de Información y Comunicación -TICs.
Por otro lado, manifestaron, que el Poder Legislativo, priorice el debate y aprobación del Proyecto de Ley N°3426/2018-CP denominado “Ley de la Abogacía Peruana”, la cual cuenta con opinión favorable del Poder Judicial y Ministerio Público, así como dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y se cumpla con la labor de fiscalización sobre uso y disposición de bienes y recursos públicos en el contexto de la pandemia COVID-19.
Solicitaron al Poder Judicial y Ministerio Público, normalizar de forma progresiva el servicio presencial de administración de justicia, para lo cual exigieron la no ampliación y/o postergación de la reanudación de labores, al mismo tiempo que pidieron un informe detallado de la atención de casos trabajados durante la etapa de aislamiento social obligatorio y a la vez demandaron la implementación de mesas de parte electrónica y/o facilidades para la recepción de escritos y postulación de casos nuevos, así como la inmediata atención presencial en las zonas del país, donde la conectividad tecnológica es dificultosa.
Finalmente, que la Defensoría del Pueblo, exhorte a las instituciones y dependencias del Estado, reanudar sus actividades conforme a los alcances del DS 094-2020, e implementen canales de atención al ciudadano, debido a que la paralización de las entidades públicas, lesiona directamente el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
