La Coordinadora Republicana denuncia la grave perpetración de abusos de los derechos humanos del ex presidente constitucional de la República, Manuel Merino De Lama, su ex Primer Ministro Ántero Flores-Aráoz, su ex Ministro del Interior Gastón Rodríguez y numerosos policías, quienes vienen siendo objeto de persecución política por parte de la Fiscalía de la Nación.
En misivas enviadas al Secretario General de la OEA, así como a los titulares del Parlamento Andino y el Parlamento Europeo – Sección Iberoamericana, Hugo Guerra Arteaga y Ángel Delgado Silva, directores de la Coordinadora Republicana, sostienen que durante las manifestaciones y turbas de noviembre de 2020, a las autoridades legítimas se les dio un golpe de estado; luego del cual se les imputó falsamente haber ordenado uso desmedido de las fuerza policial, contexto en el cual se produjo la muerte de los jóvenes, Jack Briam Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, así como la supuesta desaparición de numerosas personas.
El caso ha sido investigado durante once meses; sin embargo, no se ha podido demostrar que hubo abuso de la fuerza, pues la utilización de gases lacrimógenos y otros fueron estrictamente dentro de lo que establecen los reglamentos policiales.
Pese a la falta de pruebas, y basándose únicamente en una nota de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomienda investigar el uso de la fuerza pública, la Fiscalía de la Nación imputa a Merino De Lama, Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez ser presuntos autores de la comisión de delitos por omisión del delito de homicidio; lesiones graves y lesiones leves, a título de “dolo eventual”.
El Ministerio Público no ha demostrado quién o quiénes mataron a los dos jóvenes; qué arma fue la que causó la muerte; y quién es la persona que pedía un muerto entre los manifestantes.
Es por ello, que levantamos nuestras voces en búsqueda de justicia y equidad, no podemos permitir que sin haber llevado una investigación cabal, que adolece de graves ausencias probatorias, y objetivamente motivada por intereses políticos subalternos, se pretenda criminalizar y perseguir penalmente a quienes en esas circunstancias se desempeñaban en cargos de autoridad conforme a lo establecido en la Constitución.
