El Congreso de la República se pronunció ante el pedido de reflexión sobre la acusación constitucional contra la exfiscal Zoraida Ávalos Rivera, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), recalcando la autonomía de este poder del Estado.
Mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter del Congreso, la institución recalcó la autonomía en la toma de decisiones del Legislativo de acuerdo con lo señalado en la Constitución.
«Ante el reciente pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso de la República manifiesta que tiene plena autonomía en la toma de sus decisiones (Artículo 93 de la Constitución Política del Perú)», inicia el comunicado.
Así, el Parlamento reafirmó que actuará en base a dicho principio y en respeto de la separación de poderes y la independencia de cada organismo de acuerdo con lo estipulado en la Carta Magna.
«Por lo tanto, (el Congreso) reafirma que actuará con respeto a la Constitución, a la separación de poderes y la independencia de los organismos constitucionalmente autónomos», finaliza dicha publicación,
PRONUNCIAMIENTO DE LA JNJ
Previamente, la JNJ solicito al Congreso una “mayor reflexión” sobre la acusación constitucional contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien es acusada por la presunta infracción constitucional del artículo 159, inciso 4, de la Constitución Política.
En su comunicado, la JNJ solicitó a los parlamentarios una mayor reflexión «teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia».
Añadió que la institución es respetuosa de la atribución constitucional del Parlamento de realizar acusaciones a altos funciones siempre teniendo en cuenta «los valores constitucionales en juego, contenidos en los artículos 139.2, 146.1 y 158.2 de la Constitución, entre otros, relativos a la independencia en la administración de justicia».
Por su parte, Avalos considero tal denuncia como una “amenaza al sistema de justicia” ya que «quiebra todo orden constitucional porque de alguna manera debilita el equilibrio de poderes que debe haber».
De acuerdo con el informe final de la Comisión Permanente sobre el caso, la exfiscal habría cometido el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal por lo que solicitan su inhabilitación por el periodo de cinco años para el ejercicio de la función pública.
