El gobierno del expresidente Alan García Pérez, dejó como herencia 193 víctimas a consecuencia de los conflictos sociales en sum gobierno. El caso más emblemático es el ‘Baguazo’, por la imposición de decretos sin consulta. La gestión de Humala registra 73 muertos.
En el análisis de los conflictos sociales, distintas organizaciones coinciden en plantear que estos se inician con el gobierno de Alejandro Toledo, tras el retorno a la democracia.
Del gobierno de Alejandro Toledo en el gobierno se recuerda mucho el llamado “arequipazo”, en rechazo a la privatización de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa), que dejó dos víctimas mortales.
Durante esta etapa también hubo muertes por conflictos en rechazo a la actividad minera. Tal es el caso de las dos muertes que generaron las protestas contra el proyecto minero Río Blanco, en Piura, en los años 2004 y 2005. Una de las víctimas falleció por el impacto en la cabeza de una bomba lacrimógena y el segundo, por una bala, según el reporte de la CNDDHH. Solo en este último caso se inició una investigación sin resultados conocidos.
El conflicto generado por el rechazo a Tía María no es nuevo. Desde el 2009, este proyecto minero de Southern Perú ha sido fuente de protestas con víctimas mortales. Ya en abril del 2011, durante el gobierno de Alan García, la Defensoría del Pueblo reportó tres civiles fallecidos durante una paralización en Arequipa. Luego, a mediados del 2015, en la gestión de Ollanta Humala, hubo otros tres civiles y un policía muertos.
Sin embargo, la cifra de víctimas de dicho periodo es aún mayor: el total hubo 193 muertes en el contexto de los conflictos sociales. Se trata de la cifra más alta de víctimas mortales de los gobiernos de la última etapa democrática.
No todas estas muertes corresponden a conflictos socioambientales. Hay conflictos locales o regionales de distinta índole por razones ajenas a decisiones del gobierno nacional, pero que evidencian la mala gestión de los conflictos.
Durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), hubo 73 víctimas mortales. Los casos más recordados, por temas de oposición a la actividad minera, son Conga (6 muertos), Espinar (3) y Tía María (4).
Ya durante la etapa de Pedro Pablo Kucynski, la Defensoría registró un total de trece fallecidos. De estos, cuatro corresponden a conflictos socioambientales, siendo el caso más recordado la muerte de un poblador en las protestas de Apurímac por el caso Las Bambas.
Incluso la gestión del presidente Martín Vizcarra registra tres muertes por conflictos sociales. Dos corresponden a temas electorales o comunales, y una muerte tiene que ver con el rechazo de los comuneros de Parán (Lima) a una empresa minera. La víctima fue un miembro de la seguridad privada de la compañía.
