El pasado 17 de abril, el gobierno chileno aprobó una ley que conmuta las penas de prisión por arrestos domiciliarios y que podría beneficiar a 1.300 personas actualmente en el sistema carcelario. Entre otros, esta medida beneficia a los hombres mayores de 60 años y a las mujeres mayores de 55, así como las mujeres embarazadas o a las madres con hijos menores de dos años que cumplen penas de prisión.
En Bolivia, el gobierno decretó la puesta en libertad de los hombres mayores de 58 años y las mujeres mayores de 56. De la misma manera, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil recomendó restringir la prisión preventiva sólo a los casos en que fuera necesario, y encontrar alternativas como el arresto domiciliario para los reclusos actuales.
Algunos de los países con los índices más altos de ocupación carcelaria también han adoptado medidas concretas. Nicaragua ordenó la liberación de 1.700 reclusos, y Honduras notificó a 200 personas que no tendrán que volver a la cárcel después del arresto domiciliario, como se había planeado originalmente.
Otros países, como Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, están evaluando medidas similares. El desafío para los gobiernos consiste en determinar cómo y a quién liberar, a la vez que se vela por la seguridad pública. Las medidas actuales sólo se aplicarían a los culpables de delitos no violentos mayores de cierta edad que pertenecen a grupos vulnerables. Además, algunos países también han implementado regímenes de limpieza y desinfección más estrictos, han aumentado el monitoreo de casos potenciales y han creado o adaptado zonas en o cerca de las cárceles para aislar a casos confirmados.
Aunque varios países de América Latina se muestran proactivos e implementan medidas adecuadas, todavía queda mucho por hacer. Los gobiernos deben asegurarse de que siguen las directrices de Naciones Unidas y que respetan los derechos de las personas privadas de libertad. Dado el alto nivel de hacinamiento, las medidas de distanciamiento social sólo son viables en cárceles bien gestionadas y al aire libre. Además, el debate sobre la liberación de los presos tiene una carga política y son pocos los gobiernos que parecen estar dispuestos a adoptar medidas concretas.
Los gobiernos tienen que priorizar la salud y el bienestar de aquellos que se encuentran en situación de mayor riesgo. El malestar social en las cárceles no hará sino propagarse a otras cárceles y regiones a menos que se establezcan canales de comunicación más adecuados y se continúen respetando los derechos de los reclusos. Desafortunadamente, éstos se enfrentan a una realidad completamente diferente, que los vuelve cada vez más vulnerables a medida que esta crisis se desenvuelve y los gobiernos tienen que hacer de su bienestar una prioridad.
CARCELES HACINADAS EN PERÚ
Según Patricio Domínguez, del BID, el Perú es uno de los países que sus cárceles se encuentran con más hacimientos en América Latina y no cumple disposiciones y recomendaciones de organismos internacionales como BID, Cepal y OCDE.
El gobierno peruano debe mejorar el sistema carcelario. Sus cárceles son un caos. A esto se suma el deficiente rol del Poder Judicial que la mayoría de presos no tienen sentencia y muchos tienen prisión preventiva.
TRUJILLO Y CHICLAYO SUS CARCELES ES UN CAOS
Las cárceles del norte del país, como en Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes hay 13,437 presos cuando la capacidad total es de 4,796. El Ministerio de Justicia debe trabajar y dar mejores propuestas en esta pandemia del covid-19 que es un peligro de contagio para dichos centros penitenciarios.
